Un nuevo capítulo se abre para la “novela” del proyecto Neptuno. Esta vez de la mano de dos organizaciones: Los Tucu-Tucu y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida que hicieron una presentación en la justicia sobre un requerimiento contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y contra OSE, para que se abstenga de suscribir el contrato con el Consorcio de Aguas de Montevideo para el proyecto Neptuno y al Ministerio de Ambiente para que se abstenga de brindar la autorización ambiental, mientras dicho proyecto “no se localice y adecue a los requerimientos ambientales establecidos por un grupo de expertos imparcial y ajeno al consorcio privado” ; además, por otro lado también al Ministerio de Salud Pública para que presente “estudios científicos que acrediten que la calidad del agua bruta proveniente de Arazatí no genera impactos negativos en la salud humana”.
Las acciones legales apuntan a que el proyecto es inconstitucional porque contraviene el artículo 47 de la Constitución, que plantea que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Otro de los artículos que se aplicaría a la contravención es el 188 que estipula ciertos mecanismos de asociación con empresas privadas.
El escrito de la demanda también menciona que el proyecto viola el llamado Acuerdo Regional de Escazú, que estipula el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
Otra cuestión mencionada en el requerimiento habla de la ley de Política Nacional de Agua (18.610) que incluye “la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control”.
Además, dicho reclamo pone especial atención en que el servicio público no posee una división en su puesta es funcionamiento desde que se capta el recurso hasta que llega a los domicilios, por lo tanto: “Resulta totalmente irrealizable asegurar ese abastecimiento cuando la gestión de la toma de captación de agua bruta, la estación de bombeo y de la reserva de agua bruta están en manos de privados. Cualquier interrupción o dificultad de suministro o de calidad impedirá a OSE proporcionar el servicio esencial”, afirma el escrito presentado ante la justicia.
Por otro lado, se pone de manifiesto un hecho histórico: varios proyectos para potabilizar agua desde el Río de la Plata ya habían sido rechazados; la última vez fue en 2017, sobre todo por el hecho de que la alta concentración salina en determinados periodos del año impediría brindar una buena calidad en el servicio.
Otra de las situaciones tenidas en cuenta en reclamos anteriores, denunciaban que OSE no realizó una evaluación de impacto ambiental, pero de todas formas decidió seguir adelante en un contexto en el que “mientras se suministraba agua no potable a la población, OSE no solo no detuvo la iniciativa privada del “Proyecto Neptuno-Arazatí” sino que “utilizó la crisis hídrica para obtener una aprobación de la licitación pública bajo el argumento que, de esa manera se iban a solucionar los problemas en el suministro de agua”.
Esta acción legal, se suma a las que fueron iniciadas en agosto de 2023, donde una medida cautelar presentada para suspender la operación en Arazatí, dieron lugar a la decisión del juez Alejandro Recarey que dictaminó en junio de 2024 la paralización del proyecto, decisión que fue apelada por el estado y que aún se encuentra pendiente.
*Foto de Portada: Romina Torres/ Antiamafia Dos Mil-Our Voice