Un resultado sin duda favorable, pero que dista mucho de ser definitivo. Aún queda mucho trabajo por hacer. En la reunión del pasado sábado del Comité Directivo Central de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), se aprobó un documento (propuesto por el grupo Magistratura Independiente) destinado a defender la imagen y la autonomía del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) ante la opinión pública.
El documento, según consta en las actas, que se pueden volver a escuchar en Radio Radicale, fue aprobado por una ajustada mayoría (16 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones).
¿El meollo de la cuestión?
La presión sobre el CSM para que bloquee la candidatura de Sebastiano Ardita, actual fiscal adjunto de Catania, al puesto de vice de Melillo en la Fiscalía Nacional Antimafia.
Recordemos brevemente: Ardita fue rechazado y Franca Imbergamo fue elegida en su lugar. Durante el pleno, el consejero independiente Andrea Mirenda se refirió explícitamente a una evidente "batalla política subyacente a la oposición y a presiones a todos los niveles".
Cesare Parodi, expresidente de la ANM, lo recordó en el debate; citó a Nino Di Matteo, quien afirmó sin rodeos que "el autogobierno no puede permitir ni la más remota sospecha de decisiones influenciadas por razones ajenas a los criterios regulatorios".
Palabras claras, pronunciadas por un magistrado que ha librado numerosas batallas dentro y fuera del CSM (fue consejero togado) junto a Ardita. Recordemos algunas: su histórica defensa contra la reforma de Cartabia, la lucha contra las facciones internas del CSM, el apoyo a los nombramientos por mérito; o el sobreseimiento de la denuncia contra Nicola Gratteri y el inicio de investigaciones y medidas contra ciertos magistrados que conspiraron con otros poderes.
Además, fue repetidamente blanco de todo tipo de ataques, saliendo siempre victorioso, demostrando que incluso dentro de un sistema de facciones como el suyo, se puede construir un CSM sólido e independiente.
La lista es larga.
Pero volvamos al tema principal.
Durante la reunión de la ANM, la magistrada Chiara Valori dijo algo simple e incómodo, aunque en cierto modo comprensible: si un magistrado o funcionario público recibe presiones que constituyen un delito, tiene el deber de "denunciarlo con firmeza, con nombres, apellidos y hechos, ante la Fiscalía, porque se trata de una conducta que constituye un delito. De lo contrario, debe guardar silencio o asumir la responsabilidad de sus actos". Se refería, esencialmente, a las declaraciones públicas -las de Mirenda- que habían insinuado vagamente las presiones sin que se presentara nunca una denuncia formal.
En un país donde la manipulación es tanto histórica como práctica habitual, el silencio cómplice o la charla ociosa son dos caras de la misma moneda.
El magistrado Andrea Reale tocó el punto espinoso: "Nunca habrá renovación en el Consejo Superior de la Magistratura. La podemos respaldar aquí por los próximos 20 o 30 años, para las nuevas generaciones, pero no nos engañemos. Lo que le sucedió al excelente Sebastiano Ardita les sucederá a todos los colegas que no pertenezcan al grupo destinado a obtener ese nombramiento: hay que decirlo. Y este es precisamente el problema de la magistratura italiana y de la judicatura asociada".
Hay muy poco de que sorprenderse.
Salvo algunas intervenciones, el convidado de piedra permaneció fuera: para ser claros, se trata de facciones, grupos de poder que han ejercido una presión "encubierta", como la describió Andrea Reale. En ANTIMAFIADuemila hemos hecho nuestra parte. Denunciamos todo el 19 de julio en Palermo, durante el homenaje al juez Paolo Borsellino, y presentamos una solicitud formal y legal al presidente de la República, Sergio Mattarella, para que interviniera. Fuimos ignorados, al igual que las palabras de un antiguo miembro de autoridad del Consejo que él mismo , el Fiscal Nacional Adjunto Antimafia, Nino Di Matteo. Cabe recordar que este último renunció a la ANM, según informaron varios medios de comunicación, en octubre del 2025, cuando dijo: "No me siento parte de una asociación en la que siguen existiendo lógicas de afiliación faccional y oportunismo político que nunca he compartido y que, en el pasado, incluso como miembro del Consejo Superior de la Magistratura, he intentado contrarrestar por todos los medios". También había denunciado en diversos foros -a través de agencias de prensa- la injerencia de facciones dentro del Consejo Superior:
"Me pregunto -dijo Di Matteo- para mantenerme en el contexto actual, si las instituciones de hoy, en todos los niveles, no tienen la necesidad de examinar a fondo lo que se ha hecho".
En la sesión plenaria del Consejo Superior de la Magistratura celebrada el miércoles 15 de julio, varios miembros, tanto profesionales como laicos, manifestaron su preocupación por la lucha política desatada tras el no nombramiento del consejero Sebastiano Ardita como Fiscal Adjunto de la Fiscalía Nacional Antimafia. Hablaron de presiones en todos los niveles, y señalaron una decisión tomada no a favor de un candidato, si bien este era absolutamente válido y de intachable profesionalidad, sino en contra de otro. ¿Qué piensa hacer el Consejo Superior de la Judicatura -y, con él, el Presidente de la República. ante un documento de la Asociación Nacional de Magistrados que, aunque en tono moderado, reconoce la existencia de presiones dentro del propio Consejo Superior? Se trata de un reconocimiento serio, pero de indudable importancia institucional.
Precisamente por ello, le preguntamos al Presidente de la República: ¿se limita a reconocer, o considera necesario investigar más a fondo -con los medios a su alcance- las presiones surgidas en un procedimiento tan delicado? Solicitamos que se preste atención a la voz de la Asociación Nacional de Magistrados, ya que, por una vez, se ha hecho oír.
*Foto de Portada: © Imagoeconomica